El caso de Vicenta: cuando el desahucio no parece lo más justo

Vicenta y Roberto son una pareja sin apenas posibilidades económicas. Él es un técnico en instalaciones de estructuras eléctricas de alto voltaje, pero está en paro desde hace tiempo y sólo consigue algún sueldo esporádico en la temporada de recolección de fruta. Su salario medio mensual ronda los 150 euros. El único ingreso fijo que entra en casa son los 426 euros del subsidio que cobra Vicenta desde hace dos meses. Con eso han de sobrevivir junto a sus tres hijos menores, su hija mayor y el bebé de ésta. Siete personas bajo un mismo techo, cuando lo tenían.
 
 

Hasta hace tres años toda la familia vivía en casa de la madre de Vicenta, una vivienda de alquiler social que pertenecía a la Generalitat. Cuando falleció, el derecho de arrendamiento quedó transferido a su hijo mayor, que renunció al privilegio en favor de su hermana Vicenta. La ley les dio tres meses para poner en regla todo el papeleo, pero la ignorancia y la mala suerte se aliaron en su contra y Vicenta presentó la documentación exigida fuera de plazo, con lo que ella y su familia se quedaron en la calle.
Fue entonces cuando decidieron ocupar un domicilio deshabitado de El Raval. Era un piso con la puerta reventada que utilizaban unos drogadictos para sus menesteres. Arreglaron los desperfectos y se instalaron allí de forma irregular. El propietario de la vivienda era Bankia, que con el paso del tiempo decidió desalojarlos. Vicenta propuso a la entidad pagar un alquiler, pero el banco no contestó.
El pasado mes de agosto, la trabajadora social emitió un informe de la situación socioeconómica de la familia de Vicenta en el que se dan cumplidos detalles de sus graves dificultades para encontrar otra vivienda en régimen de alquiler a precio de mercado. Además advertía del peligro que supondría para la unidad familiar un posible desahucio, que sólo conseguiría acelerar la situación de desprotección de todos sus miembros. En este informe se instaba a Bankia a llegar a un acuerdo de alquiler social, pero la respuesta fue la misma, ninguna.
El 19 de septiembre llegó la primera orden de desahucio, que consiguió paralizarse durante un mes gracias a la intervención de la asociación de vecinos y a la procuradora. Al día siguiente Vicenta habló con Marta Trenzano para pedirle ayuda y que se involucrase en su proceso, a lo que la alcaldesa se comprometió. Este periódico se puso en contacto con Trenzano, que explicó que, aunque sólo podía hacer el papel de mediador, estaba sobre el caso. Sólo unos días después, el 19 de octubre, se procedió al desahucio definitivo del bebé, la madre, los tres menores, Roberto y Vicenta.
La concejala de Bienestar Social, Anna Girbés, les ofreció las instalaciones del antiguo Banco de Valencia, pero Roberto y Vicenta piensan que no es un lugar habitable. Se trata de un local diáfano, sin habitaciones y sin las dependencias habituales de un hogar que proporcionen una mínima intimidad y que ofrezcan la posibilidad de ir al baño, cocinar o descansar con normalidad.
Vicenta afirma que se siente defraudada, que ella quería llegar a un acuerdo con el banco para pagar un alquiler pero que el Ayuntamiento no se ha involucrado todo lo que debía para negociarlo. “No ha reaccionado a tiempo; no ha habido empatía”, lamenta, y ahora pide que el Consistorio interceda “con la Generalitat, con la Mancomunidad o con quien sea” para conseguir una vivienda de alquiler social y no quedarse sin techo.