Carta abierta al concejal de (in)seguridad ciudadana
Pongo en su conocimiento que la Dirección General de la Policía distribuyó una instrucción general de obligado cumplimiento a partir del 10 de abril de 2015 para la Policía Nacional en todo el territorio español. Bajo el nuevo protocolo de actuación policial se armonizaron los criterios a seguir en el caso de las manifestaciones de grupos antitaurinos para evitar que puedan celebrarse en el lugar y hora de los festejos y eventos taurinos. Este nuevo marco se aprobó con el fin de evitar posibles altercados que pudieran poner en riesgo la seguridad ciudadana, así como con el ánimo de garantizar el buen funcionamiento de los festejos.
Saltándose a la torera esta disposición, el sábado se volvieron a vivir momentos de tensión cuando un pequeño grupo de totalitaristas antitaurinos protagonizaron una provocadora sentada en la puerta de la plaza, impidiendo ilegalmente el acceso de público y profesionales al recinto, e insultando a los aficionados allí presentes. A partir de ahí, los ánimos fueron “in crescendo” y la situación no pasó a mayores por el civismo generalizado de los vecinos, que consiguieron desalojar a los manifestantes sin que la escasa presencia policial llevara a cabo actuación alguna para hacerlo.
Uno se crispa y altera cuando sufre en primera persona la desidia e inactividad de los agentes ante tal provocación ilegal, pero tras entrar brevemente al trapo, reflexiona y concluye que no se trata de una falta de profesionalidad por parte del colectivo policial, cuya capacidad de competencia está fuera de toda duda, sino más bien obedece al resultado del caos organizativo y desgobierno de un área, la de seguridad ciudadana, que se presenta primordial durante esta semana taurina.
La Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad establece en su artículo 53 que, entre las funciones de la policía local, se encuentra la de vigilar los espacios públicosy colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para la protección de las manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes concentraciones humanas, cuando así sean requeridos para ellos.
Durante la tarde del sábado, varios ciudadanos requerimos precisamente a los policías locales allí presentes para que se nos garantizara el acceso libre a nuestro recinto taurino, obstruido por los activistas que ilegalmente ocupaban el suelo público. El resultado fue la pasividad policial, argumentada por su escasa presencia (sólo dos agentes) y amparada en realidad por instrucciones poco contundentes y tendenciosas en la organización del dispositivo, al frente del cuál el regidor de seguridad ciudadana era el máximo responsable. Pues bien, no sorprende tal flagrante inacción si tenemos en cuenta que precisamente el responsable del área de seguridad ciudadana participaba en la convocatoria legalantitaurina, dejando claro su posicionamiento personal (respetable), pero obviando sus funciones de coordinación y responsabilidad que le competen, al permitir negligentemente que se allanara el camino a la ilegalidad y se insultara a parte de su población.
En las aulas de la Facultad de Derecho de Valencia aprendí que nuestro sistema democrático se caracteriza por disponer de un variado régimen de derechos fundamentales y libertades públicas que deben ser protegidos por parte de los poderes públicos. Ahora bien, los derechos fundamentales, aunque no deben ser condicionados en cuanto a su ejercicio, también están sujetos a limitaciones. Y el propio derecho a manifestación, regulado en el artículo 21 de la Constitución Española, viene limitado en ese precepto legal cuando el mismo afirma que “en los casos de manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes”, condiciones que claramente reunía la ilegal sentada que se produjo el pasado sábado a las puertas de la plaza, y que por tanto, debería haberse impedido y subsidiariamente desalojado.
Anoche estaban anunciadas las becerradas cadafaleras, antaño tan potenciadas y ahora tan denostadas, convertidas tristemente en un simulacro de sainete-capea. Pues bien, también anoche recibimos la ilustre visita de un puñado de kaleborrokasantitaurinos cuyas intenciones no presagiaban nada bueno. Pero esta vez sí, el festejo se desarrolló con normalidad y la noche transcurrió con tranquilidad, todo ello gracias a la labor de los mandos policiales que deben dirigir los dispositivos de seguridad, quienes diligentemente advirtieron a los provocadores de cuáles podían ser las consecuencias de sus intenciones, mostrándoles que aquello que su miope realidad quería ver no eran gigantes sino molinos, e invitándoles a que volvieran sobre sus pasos a sus desordenados hogares. Y es que cuando la seguridad se deja en manos de los profesionales, y se les permite trabajar sin intromisiones políticas sesgadas e intereses personales poco éticos, el resultado no es otro que la paz de la ciudadanía.
Por todo ello, ante los hechos acaecidos los últimos días, y vista su inoperancia, Sr. Asensio García Machí, no debería Ud. continuar ni un minuto más como responsable y garante de la seguridad ciudadana de nuestra población, al haberse mostrado manifiestamente incompetente como gestor de la política de seguridad ciudadana, confundiendo dolosamente posicionamientos personales con obligaciones públicas. Es más, si Ud. permanece en su cargo, me temo que los habitantes de Algemesí no tendrán garantizada su seguridad e integridad física, recayendo sobre su conciencia cualquier altercado que en el futuro pueda producirse.
Le recuerdo, Sr. García, que representa a toda la población, no solamente a los que piensan como Ud., y si no es capaz de entender y asumir esa responsabilidad, debería humildemente renunciar al mostrarse incapaz para ejercer su cargo con la diligencia y competencia debidas. Algemesí no es una ciudad sin ley, sino un colectivo civilizado que defiende sus tradiciones culturales y las vive sin complejos, desde el respeto a la diversidad de sus vecinos, un pueblo rico que no merece su incompetencia. Le invito, pues, a que abra su mente y reflexione, a que lo haga tranquilamente tomando el rocaful de la hipocresía a escasos metros de todo cuánto Ud. aborrece, y que valore si su gestión al frente de la regidoría de seguridad ciudadana es lo suficientemente honesta y ética, si no es así, Sr. García, abandone su cargo, aunque solamente sea por dignidad y respeto a la ciudadanía.
Kiko Reinoso – Algemesí